JUSTICIA Y SALUD

por Doctor PATRICK DESCHUYTENEER




El título de este tema realiza una aproximación entre dos nociones que pertenecen a ámbitos

teórico-prácticos heterogéneos. La primera concierne al derecho mientras que la segunda no es un

derecho en absoluto, sino más bien un estado de hecho: no hay derecho a la salud, en todo caso un

derecho de acceso a los medios de salud. Lo que por supuesto es diferente. Mientras que la demanda

de salud es por naturaleza infinita, los medios de la salud son limitados, están determinados a lo menos

por tres parámetros: los progresos del saber médico, el coste económico de las técnicas que permiten la

aplicación de ese saber y por fin los importes financieros que una colectividad acepta dedicar a la

salud de sus miembros. Considerada bajo este punto de vista, la relación de lo infinito con lo limitado

implicada en la cuestión depende de la filosofía política. Sin embargo el tratamiento general de esta

cuestión nos parecería exceder los límites de esta reflexión: así que nuestro análisis será mucho más

limitado; intentará concentrarse en el “y” presente en el título. Pues el análisis que propondremos no

será ni jurídico-político, ni médico; no será conducido ni a partir del derecho que constituye en nuestras

sociedades una de las técnicas privilegiadas del ejercicio del poder político ni a partir del saber médico

en relación perpetua con lo que es sano y con lo que no lo es. Nuestro análisis versará muy

específicamente sobre el acercamiento o sobre la relación entre estas dos instancias, no en la medida

en que esa relación sea nueva (existe desde hace mucho tiempo, pensemos por ejemplo en el

tratamiento político-médico de la lepra o de la peste), pero en la medida en que se ha modificado y no

deja de modificarse. Es una relación que tiene una historia y que permanece de un lado al otro histórica.

Demos un breve ejemplo de esto y que no es tan lejano: hubo un tiempo en que el estado de demencia

durante una acción criminal sustraía de facto y sobre todo de jure el autor de la acción al poder de la

justicia penal; no podía ser considerado como culpable en la medida en que no era responsable de su

acto. Era transferido del poder judicial al poder médico. Había en ese caso una relación de exclusión

recíproca entre el que es justiciable y el enfermo. Se era uno u otro, pero no uno y otro al mismo

tiempo. Ahora bien, hoy esta relación de exclusión recíproca dejó sitio a una relación más matizada y

más problemática que, en derecho penal, es muy particularmente localizable en la introducción de lo que

llamamos “las circunstancias atenuantes”, las cuales a pesar de todo en lugar de no castigar en absoluto

o de castigar totalmente han llevado a la justicia a rebasar la alternativa castigando, pero un poco menos

que la tarifa entera: pues más castigos, pero en cambio son menos severos. El discurso que legitima

este cambio no lo ha presentado como una preocupación de venganza acrecentada, sino como una

voluntad de más protección del cuerpo social con respecto a una potencial peligrosidad. En realidad, se

trató entonces no sólo de juzgar el acto (tal pena para tal crimen), sino también de juzgar la naturaleza

del individuo que había obrado: la pregunta “¿fue él quien lo hizo?”, verdad que hay que establecer

durante una reconstrucción más o menos teatral que se desarrolla durante la audiencia, fue duplicada

por otra pregunta “¿Pues quién hizo eso?”. Así es como las ciencias humanas, en particular la

psiquiatría, han entrado en las salas de audiencia para entregar allí informes periciales extrajurídicos,

pero cuyo alcance en términos de efectos de poder fue muy considerable. Los médicos llegaban a ser

especies de jueces anexos cuyo discurso, ajustado en función del derecho, presentó a menudo

aspectos propiamente grotescos. (Daremos algunos ejemplos de ello). En pocas palabras, la relación de

lo legal con lo ilegal se ha duplicado en una relación que versa sobre lo normal y lo anormal.

Las relaciones “juez-acusado” mediatizadas por las relaciones del fiscal con el abogado

empezaron a cruzarse con relaciones de poder de naturaleza extralegal, es decir relaciones “médico-

paciente”. En realidad, las relaciones de poder-saber propiamente jurídicas se asemejaron a las

relaciones de poder-saber propiamente médicas y esto, hasta constituir una zona híbrida, problemática

de la cual incluso el título del tema presente traiciona la existencia. Pensar en ese nuevo espacio

requiere que se piense en el paso de una sociedad dominada por una tecnología de poder disciplinario

a una sociedad dominada por una tecnología de control relativo a la seguridad pública: la primera

técnica trata de los cuerpos en la medida en que están individualizados, la segunda de los cuerpos en la

medida en que están vivos; la primera habla de la gente en la medida en que forma un pueblo, la

segunda en la medida en que son los elementos indeterminados de una población; la primera es

calificada por Michel Foucault de anatomopolítica, la segunda de biopolítica. Es en el paso de una

técnica a la otra y en el encuentro de estas dos técnicas, muy precisamente en su juntura, que

intentaremos una genealogía de la noción de “delincuencia sexual”.

Lo judicial, lo médico y la normalización

PRESENTACIÓN

Desde las ciudades de la Grecia antigua, se puede decir que Occidente soñó a menudo con

conceder la palabra a la verdad en medio de una sociedad justa. Me parece que hay algo de ese viejo

sueño que se cierne todavía sobre el trasfondo de esta reflexión titulada “Justicia y salud” y que es la

razón por la cual nos parece que es útil aportar algunas comunicaciones al tema seleccionado que dan

un enfoque de inspiración filosófica.

Debemos desempeñar un papel crítico y el análisis que vamos a permitirnos proponerles versa

sobre el “y”, sobre la interfaz no de la Justicia con J mayúscula, no de la Salud en su acepción

nietzcheana, la cual está unida a la capacidad de afrontar las peores enfermedades sin morir de ellas,

sino sobre la relación, sobre el corte que es también una costura entre el aparato judicial y el aparato

médico.

A decir verdad, seremos todavía más restrictivos con el análisis de esta zona de unión-

disyunción que constituye la problemática de este encuentro, porque abordaremos la justicia desde el

punto de vista más terrible de su poder legal; a saber: lo penal y nos ahorraremos la transformación de la

locura en objeto médico. (Sobre este punto, nos conformaremos con remitir a la tesis de Michel

Foucault, la “Historia de la locura en la edad clásica”) y los casos aquí relatados, son también válidos

para una medicina tradicional u homeopática. La psicología, es aquí una razón de Estado, no de

Poderes Curativos (es por lo que hablaremos del poder médico en sentido amplio). Lo judicial y lo

médico, o sea pues lo penal y lo médico, son poderes y saberes de orígenes diferentes: son prácticas

que ejercen sus respectivos poderes con referencia a códigos heterogéneos; el conocimiento teórico-

práctico del Código penal en un caso, y el del saber médico en el otro. En los dos casos, se trata de un

poder-saber, es decir de una relación de fuerza jerarquizada y orientada y que se puede esquematizar

como sigue: hay por una parte “el juez y el acusado” y por otra “el médico y el paciente”. Esas dos

relaciones de poder experimentaron una transformación interna que las condujo a una aproximación

problemática que constituye a mi parecer la cuestión central de esta reflexión. Nuestra intención es la de

describir sumariamente estas dos evoluciones internas para examinar si no habrían tenido lugar bajo la

presión de un exterior que, del exterior de estas instituciones respectivas, habría suscitado su

aproximación problemática y habría constituido la interfaz que tenemos que analizar.

EVOLUCIÓN DE LA PRÁCTICA JUDICIAL

Si nos referimos a la disposición del Código penal francés de 1810 que concierne directamente a

nuestro problema, lo judicial y lo médico están en una relación de exclusión recíproca definida por la

ley. Si el crimen tuvo lugar en estado de demencia, no hay crimen, sino enfermedad. En este caso

determinado, el poder judicial considera que uno es culpable o está enfermo, pero no las dos cosas a la

vez. El médico desempeña entonces un papel de sustracción: si demuestra el estado de demencia en el

momento de los hechos, sustrae al autor del acto de la acción de la justicia.

Desde 1832, pero las fechas no tienen mayor importancia, para la naturaleza de nuestra

demostración que atañe a una evolución común a muchos países de Europa y que se hizo en cada uno

de ellos a ritmos diferentes, pero globalmente en el mismo sentido, hubo la introducción en el código de

una disposición generalmente mal analizada, la de “las circunstancias atenuantes”. Esta disposición

modificó profundamente el sentido de lo que llamamos “la íntima convicción” del juez: en efecto, éste

sólo tenía que dictar un fallo de culpabilidad a condición de adherirse terminante y plenamente a la

demostración de la culpabilidad que le era sometida. Si tenía en conciencia, como ser razonable, la

menor duda en cuanto a la pertinencia de la demostración, esta duda tenía que beneficiar al acusado.

Las circunstancias atenuantes van a modificar algo este estado de ánimo, porque permitiendo que se

castigue menos severamente, que se module la pena atenuándola, van a permitir también que se

condenen muchos más merecedores: fuertes presunciones acompañadas con circunstancias

atenuantes van a empujar un mayor número de personas del registro de sospechosos al de condenados.

Estas famosas “circunstancias atenuantes” van a hacer que los médicos y más particularmente los

psiquiatras desempeñen en el teatro de los pretorios un papel menos sustractivo, digamos más positivo.

Además de los funcionarios de policía, cuyas declaraciones valen más que las de otros ciudadanos visto

que son lo que se dice “jurados” (juran un juramento, mientras que los otros sólo juran un simple

juramento, es decir pues de menor calidad), discursos de un poder extraordinario, por no decir

desmesurado, van a salir de una manera totalmente sorprendente a la escena de los tribunales:

queremos hablar de las peritaciones médicolegales. La historia y el estudio de estos discursos quedan

por hacer con minuciosidad, pues son discursos dotados de tres notables propiedades:

1º) Son capaces de ejercer una influencia relativamente importante en una decisión de justicia.

2º) Son discursos considerados como verdaderos en función de la calificación científica de sus

autores autorizados.

3º) Por último, son a menudo discursos con un contenido científico lindando con el punto cero.

Las condiciones de su redacción y las declaraciones que se descubren en ellos rozan tan a menudo lo

grotesco que se podrían hacer constar en una antología de lo grotesco en la mecánica del poder, al lado

de las extravagancias de Nerón, de los tics propios de un payaso de Mussolini o los de Hitler

inmortalizados por Chaplin en “Los tiempos modernos”. Más realistamente, se parecen al ridículo

terrorífico que encontramos en algunas de nuestras administraciones donde os piden que les

proporcionéis el papel que usted quiere conseguir viniendo a solicitar el papel que le es exigido en otra

parte para su obtención.

Sea como sea el ridículo de estas peritaciones a medio camino entre Courteline y Kafka, tocan un

punto crucial de nuestra problemática al cual no dejaremos de volver y que es la indignidad o mejor

dicho el riesgo de indignidad que amenaza permanentemente el ejercicio del poder.

Reservando para una eventual ampliación el análisis de algunas de estas peritaciones

medicolegales, querríamos, sin prejuzgar la parodia de cientificidad que es a menudo la suya, describir

su acción, explicar cómo operan respecto a un acto criminal, a un delito cualquiera. Se puede decir que

doblan el acto de un conocimiento que no versa sobre la cuestión de saber si el acusado realizó o no el

acto incriminado, pero sobre un conocimiento de otro tipo, exclusivamente focalizada en la materia

castigable, es decir en el ser humano formando en esta circunstancia el blanco exclusivo del poder. Las

peritaciones científicas tienen la función de incluir el delito en una forma de ser más general, en una

especie de estado enfermizo predelictuoso que, de por sí no está legalmente prohibido, sino cuando

más reprobado por cierta moral. Las peritaciones medicolegales forjan una especie de doblete

psicológico-ético del delito, el cual califica la mayoría de las veces al sospechoso de “inculpado”, como

se dice hoy en día, a partir de una irregularidad moral que, de por sí, no es ilegal. No está prohibido

estar enfermo.

Lo que llama la atención a simple vista, para una mirada exterior tal como la nuestra, no es tanto lo

que esos redoblamientos discursivos tienen de grotesco o de molieresco: “el opio hace dormir porque

tiene una virtud soporífica”, “robó porque ya era un ladrón”, es el desfase introducido entre tal acto

mereciendo tal castigo y el conocimiento ya no de saber si el acto fue cometido, sí o no por el

sospechoso o por el acusado, sino el conocimiento de lo que es considerado y objetivado como siendo

la materia causal del acto. Nos deslizamos de la infracción propiamente dicha al conocimiento del

infractor en la medida en que es materia transformable, nos ponemos en camino hacia los antecedentes:

“Él era autoritario, dictatorial, frío con sus condiscípulos, reservado, daba miedo, era colérico o malo...,

en pocas palabras, se parecía a su crimen antes de haberlo cometido”. Muchas peritaciones

medicolegales establecen por un uso repetido de la expresión “ya, entonces: esto o aquello” el balance

de una enfermedad o de un “estado” que presenta las características de una insuficiencia moral que,

como tal, es estrictamente parapatológica e infralegal. Las peritaciones medicolegales establecen no una

ilegalidad, sino una especie de deseo de ilegalidad. Sus redoblamientos discursivos, lejos de sustraer al

acusado de la condena, tienden más bien a empujarlo a ella y esto, por el establecimiento de un

prejuicio cuyo prejuicio tiene virtudes extraordinarias sobre el jefe de los jueces que pasan

subrepticiamente del duro y villano oficio de castigar de manera ejemplar y del buen oficio que consiste

en curar. Vemos que la psiquiatría pudo desempeñar un papel decisivo en este cambio total, no pudo

hacerlo sin cierta modificación de su propio discurso, es decir sin cierta revisión o adaptación de éste a

las exigencias de los procedimientos penales. Dicho de otro modo, en cuanto la peritación medicolegal

no trata de la propia infracción, sino de la materia causal constituida por el cuerpo del preinfractor, el

conocimiento de su “anomalía mental” va a ejercer una influencia decisiva no sólo en el establecimiento

de la pena, sino en su seguimiento, en el correctivo que se espera. No se juzga solamente el crimen: “tal

crimen, tal tarifa penal”, se aprecia también al autor en términos de permeabilidad al castigo correctivo,

es decir, en un término que es fundamental para nuestro análisis y que es el de peligrosidad. Frente al

peligro y al miedo fundado o no que suscita, magistrados y médicos están llevados, si no a hacer causa

común y a borrar sus diferencias, por lo menos a colaborar en busca de un alarde adecuado o si se

prefiere en el establecimiento de una táctica o incluso de una estrategia de poder que surge en el

interfaz de sus prácticas institucionales y cuya existencia revela hasta qué punto parece urgente si no

comprenderla, por lo menos, como se dice en filosofía, problematizarla. A través de las peritaciones

medicolegales, lo anormal entró en el universo legal en vez de permanecer excluido. Este acceso de la

diferencia de lo normal y de lo anormal en el espacio institucional reservado a la apreciación de lo legal

y de lo ilegal o si se prefiere de lo prohibido y de lo permitido se produjo, no sólo, sino para el punto de

vista que hemos seleccionado, muy particularmente, a través de la psiquiatría criminal. Dicho de otro

modo, tenemos que considerar más allá de la manera en que la psiquiatría codificó la locura de

enfermedad mental, la manera en que recodificó la propia enfermedad mental según la división de lo

normal y de lo patológico y, mucho más finamente, según la repartición de lo patológico peligroso y de lo

patológico inofensivo. Esta discriminación conceptual no se efectuó dentro de una historia cerrada de la

psiquiatría, es decir de una historia que se habría desarrollado fuera del alcance de casualidades

exteriores y en una situación totalmente ajena a las interfaces o a los intervalos que comunican con otras

instancias y otras prácticas de poder-saber.

Es por lo que un intento de presentación un poco rigurosa de la problemática que nos reúne debe

echar una mirada a la genealogía de lo normal y de lo anormal que desembocó en la construcción

y en el uso hoy común de una noción tal como la “delincuencia sexual”. En efecto, me parece que

la génesis de esta “categoría” requiere toda nuestra atención si deseamos llegar a la comprensión

de nuestra problemática desconfiando de las evidencias masivas que corre el riesgo de transmitir

y que seríamos propensos a tomar como artículo de fe sin dar pruebas de un mínimo de distancia


o de prudencia crítica. A menudo, a este respecto, nada es equiparable a un poco de historia

para darse cuenta de que “lo que es evidente” no fue siempre evidente, pero se elaboró con

dificultad en el curso de la incertidumbre de una historia que permanece abierta, que no está terminada.

GÉNESIS DE LA NOCIÓN DE “DELINCUENCIA SEXUAL” EN EL SABER DE LA PSIQUIATRÍA

El delincuente sexual parece tener tres antepasados, cuyas respectivas historias, con sus cambios

internos, terminaron combinándose, confundiéndose y produciendo por su conjunción la evidencia

problemática que funciona en nuestras mentes como un hecho, queremos decir un hecho que no habría

sido hecho y no podría pues ser, un día próximo, deshecho. Los tres antepasados en cuestión son el

monstruo, el niño masturbador y el niño o el adolescente rebelde a la disciplina, la de la escuela, pero

especialmente de los talleres de producción, digamos para resumir esta tercera figura que es la de lo

incorregible. Para intentar aportar alguna claridad a nuestro asunto, los abordaremos alternativamente y

sin referirme a civilizaciones o a otras culturas diferentes a la nuestra.

El monstruo: se designó con este término curioso por lo menos a tres tipos de seres

problemáticos: uno medio-hombre, medio-bestia, medio-hombre, medio-animal que desempeñó un papel

importante en la mitología griega, por ejemplo bajo la figura del minotauro, pero que, para el periodo que

nos ocupa se presentó más bien como un desafío a las leyes de la naturaleza y al orden de sus series

doblado por un desafío a las leyes de la cultura. El monstruo depende a la vez de la imposibilidad natural

y de la prohibición cultural: es contranatural y contracultural en un solo bloque. No es sólo una mezcla

de humanidad y de animalidad, puede también coger estatutos más intrahumanos; fue el caso de los

siameses que dio motivos para múltiples debates teológicos-políticos los cuales le ahorramos, no

tenemos tiempo, pero también más interesantes para nuestro tema, fue el caso de los hermafroditas. En

el Antiguo Régimen, estos monstruos eran directamente de incumbencia de la ley penal más severa: así,

en Dôle, en 1599, se quemó a un hermafrodita según un criterio jurídico-natural.

Fue quemado porque era un monstruo, una entidad contranatural. Su suplicio no tenía en absoluto

razones similares al que, por ejemplo, sufrió un año después en Roma Giordano Bruno condenado por la

Iglesia porque su pensamiento llevaba más allá del dogma cristiano, no, su suplicio era debido a su

monstruosidad pura y simple y de ningún modo a su comportamiento. Muy pronto, sin embargo, se va a

presenciar un deslizamiento yendo de lo jurídico-natural a lo jurídico-moral, es decir a una

monstruosidad conductista, a una infracción sostenida o inducida por una aberración de la naturaleza.

Puntualicemos esto: sabemos que la justicia penal del Antiguo Régimen consideraba cualquier crimen

como atentado contra el cuerpo inmortal del rey, es decir como un desafío al que el rey respondía con

un suplicio público, con una respuesta desmesurada a la desmesura del crimen y esto, a merced de una

tecnología de lo atroz. El castigo debía ser llamativo, manifiesto y aterrorizante. El siglo XVIII, gran

inventor de tecnologías, inventó muy rápidamente una técnica de poder punitivo menos negativa, que

tendía menos a suprimir pura y simplemente el cuerpo culpable que a conservarlo y a corregirlo. Ya no

era un mecanismo exceso por exceso, pero medida adaptada a la razón del crimen, a su interés, a su

móvil, en resumen se puso en su sitio lo que se podría llamar una búsqueda de la racionalidad intrínseca

del crimen. Se empezó a analizar el crimen antes de condenarlo y a fin de condenarlo

convenientemente. La noción de interés del crimen tuvo que descubrir sus límites, pues es un curioso

interés que de exponerse abiertamente al castigo del colectivo en el único beneficio de una afirmación

de sí perfectamente singular. Hubo como una vuelta de lo natural o de la antisocial puro y simple que

esbozaron o exigieron la necesidad o la aparición de lo que se podría llamar una patología de la

criminalidad, el descubrimiento en resumen de una “enfermedad social”. Volveremos a ello con la

evocación de un caso particularmente luminoso para nuestra problemática, pero querríamos en primer

lugar recordar el nombre del que fue considerado como el primer de los monstruos humanos, a saber el

primer “monstruo político” y que no es otro que Luis XVI. Los revolucionarios lo consideraron como un

“monstruo humano” por la razón de que él se había situado fuera y por encima del pacto social. No se

trata pues de juzgarlo en función de las leyes, pero de matarlo, de matarlo como si fuera un perro

peligroso. Este mecanismo extralegal aplicado al “tigre coronado” y si se creen los textos de la época,

ampliado a la incestuosa y libertina María Antonieta, no hubo tardado en hacer émulos en una

monstruosidad que no viene tampoco de arriba, sino de abajo, quien se vinculó a los anarquistas, a las

“hienas populares” y a la muchedumbre revolucionaria más desacreditada por su canabalismo de

hambrientos sanguinarios que por sus prácticas incestuosas. En realidad, estas dos monstruosidades

conductistas y anticulturales estarán a menudo reunidas en la literatura de terror adecuada para esa

época: pensemos en el “Castillo de los Pirineos” de Ann Radcliffe que une el poder de un príncipe feudal

viviendo en un castillo-montaña con las espantosas exacciones de unos bandidos que encuentran en

esta fortaleza principesca un refugio muy propicio para sus fechorías o pensemos todavía, otro escrito

famoso, en la “Julieta” de Sade que cruza los abusos del poder de los déspotas y del dinero con las

conductas infames de la hez del pueblo. Hay como una gemelaridad de los monstruos de arriba y de los

monstruos de abajo, donde se mezclan y se cruzan los temas del incesto y de la antropofagia que serán

privilegiados por las etnologías tanto de Levy-Bruhl como de Levi-Strauss. Los estudios del totemismo y

de las leyes dichas universales de la prohibición del incesto no podrían ser separadas por lo que se

refiere a su aparición del enigma de una monstruosidad occidental, totalmente interior a nuestra cultura.

El incesto de los reyes y el canibalismo de los hambrientos forman como los dos polos de la anormalidad

política burguesa; son como los límites entre los cuales surgirá cualquier anomalía monstruosa. Una de

ellas, se lo hemos anunciado, merece que nos paremos porque comprometió claramente la temática del

monstruo en el camino de la psiquiatría criminal: se trata de la historia de Henriette Cornier. Esta mujer

aún joven había tenido hijos que había abandonado y por otra parte, ella misma había sido abandonada

por su marido; se había colocado como criada en casa de cierto número de familias en París. Un día

durante el cual ella había amenazado con suicidarse y se había mostrado particularmente triste, se

presentó en casa de su vecina y le propuso coger por un tiempo muy corto la custodia de su hija muy

pequeña de un año y medio de edad. La vecina dudó mucho, pero terminó por aceptar. Henriette

Cornier llevó la niña a su habitación y ahí, con un gran cuchillo que había preparado por anticipado,

cortó el cuello del bebé hasta separar completamente la cabeza del tronco. Después, permaneció un

cuarto de hora largo a contemplar el cadáver y cuando la madre, preocupada, vino a reclamarle su hija,

ella le declaró “su hija murió; márchese, servirá de testigo”. Envolviendo la cabeza en un delantal, la

arrojó por la ventana. Detenida en el acto, se le preguntó: “¿por qué?” y siempre contestó: “es una idea”.

Nadie pudo sacarle nada más. Los jueces no percibieron legítimamente ningún interés razonable por

ese crimen tan gratuitamente monstruoso y luego, se inclinaron hacia la psiquiatría y esto, podemos

subrayarlo, a petición de la defensa. La peritación fue concedida inmediatamente y fue realizada por

tres científicos eminentes de la época, Esquirol, Adelon y Léveillé que declararon en resumen: “tres

meses después de su crimen, es decir en el momento en que la examinamos, no presenta ningún signo

de locura, pero es también cierto que la examinamos sólo durante tres días”. Se podría creer el asunto

concluido y que los jueces van a juzgar descartando la locura. No hubo nada de eso; el ministerio fiscal

decidió conceder a Esquirol tres meses suplementarios con el fin de que pueda presentar al tribunal un

informe pericial más claro. Aquí, es evidente que la justicia, antes de ejercer su poder, recurre y de

manera insistente al saber médico que, tres meses más tarde, vuelve hacia el juez con la misma

conclusión: “Nada, no hay en ella ningún signo manifiesto de demencia”. Mientras tanto, el abogado

defensor de Henriette Cornier había juzgado útil recurrir a otro psiquiatra, Marc de apellido. Éste iba a

intentar reconsiderar la falta de motivo del crimen calificándola de presencia de la locura, es decir

explicándolo a partir de una especie de enfermedad instintiva y esto, mientras que la acusación

subrayaba por su parte la lucidez intrínseca del acto, insistía en la premeditación deducible del cuchillo

oculto, de las mentiras a la vecina, de la simulación de ternura, etc. Para resumir, lo que para la

acusación fue un acto de inmoralidad lúcida era para la defensa el surgimiento repentino de una pulsión

monstruosa para la cual el abogado, Fournier de apellido, encontrará una serie de denominaciones

sumamente interesantes bien sea tomándolas del análisis psiquiátrico de Marc: “dirección irresistible”,

“cariño irresistible”, “deseo casi irresistible”, “inclinación atroz del origen del cual no se puede

responder”..., o forjándolas de por sí: “ascendente que ella misma lamenta”, “energía de una pasión

violenta”, “presencia de un agente extraordinario ajeno a las leyes de la organización humana” y para

concluir “instinto”. Esta palabra surgida en el alegato de Fournier y en la consulta médica de Marc es a

la verdad un calificativo nuevo que designa un objeto nuevo y en resumen irreductible al delirio de la

locura. El acto sin motivo puede, en lo sucesivo, ser calificado de acto instintivo, de acto sostenido por

una dinámica impulsiva y mórbida donde van a cruzarse y en cierto modo hacer coordinar la

monstruosidad criminal y la locura patológica. Antes de ese cruce jurídico-médico, lo castigable era lo

que se encontraba fuera de la demencia, es decir en la razón, pero lo judicial va a pedir a la psiquiatría

que establezca razones fuera de razón, que vuelva inteligible para los jueces una inteligibilidad que

escapa de la conciencia del acusado. Se puede medir la extraordinaria incomodidad de los psiquiatras,

que hasta ahora constituían una rama médica de la higiene pública y de la protección social, de

encontrarse súbitamente aspirados en el ejercicio del más central y del más terrible de los poderes

políticos, el de dar la muerte. Se pueden comprender sus vacilaciones a las puertas de la máquina

judicial, comprender la dificultad que tuvieron al tener que, después de la codificación de la locura como

enfermedad mental, encontrarse ahora inducidos a codificar los desórdenes como patologías, dicho de

otro modo a recodificar el código de la enfermedad mental en el código de la peligrosidad social.

Tuvieron que hacer de la locura una enfermedad, y ahora se les requiere que detecten las

enfermedades mentales que son peligros sociales (el siglo XIX hablará de monomanía homicida y

suicida; el siglo XX habla más bien de esquizofrenia) tan cierto es que el problema sigue siendo el del

vínculo que hace que el crimen y la locura son dueños de ellos mismos. En el universo asilar, es

admisible que el psiquiatra sea capaz de distinguir el loco que se toma por el rey del loco que presenta

una peligrosidad real y precisa, pero fuera del asilo, esto es harina de otro costal que de establecer un

corte claro entre locura mansa y locura mortífera oculta, voluntariamente imperceptible.

Abordamos aquí el problema de la autoridad política-social de la psiquiatría que sólo puede

consolidarse e imponerse con éxito en el mundo judicial con tal de ver el peligro antes que los demás,

con tal de prever lo que para el común de los mortales sigue siendo opaco y rigurosamente indetectable.

El intercambio entre el juez y el psiquiatra de la época podría en el fondo dejarse caricaturizar como

sigue: “Yo, el juez, estoy frente a un crimen que yo no me explico. ¡Explíquemelo!” “Yo, el psiquiatra, sé

los peligros virtuales de la locura y estoy dispuesto a intercambiar mi saber contra una parte de su

poder”.

Esta negociación de la cual se puede localizar el inicio con el caso Henriette Cornier está quizás

lejos de estar terminada, pero no anticipemos. Notemos y subrayemos sólo que la noción de instinto

aparecida tan claramente en el caso Henriette Cornier fue indudablemente uno de los grandes vectores

en la definición de la anomalía. Al menos era necesario determinar si esta animalidad alojada en el

interior del humano era de por sí patológica o bien si no estaba presente dentro de cada uno con una

forma que requiere una división más fina, mejor en condiciones de hacer la selección entre el instinto

bueno y malo. Vamos a intentar por supuesto profundizar esta cuestión y medir mejor en qué la noción

de instinto tuvo un lugar considerable en el engranaje que iba a hacer de lo anormal un dominio de

injerencia del poder judicial propiamente dicho. No obstante, antes de proseguir nuestra alocución según

este eje, parece fundamental considerar un mecanismo aparecido en 1838 y que constituye, él también,

una ramificación directa del poder médico sobre el poder administrativo, yo entiendo: “la colocación de

oficio”.

Un bando prefectoral unido con dos certificados médicos permitía, gracias a esta intención, que

se prive a alguien de todos sus derechos fundamentales. En este caso determinado, se acude al

psiquiatra para ratificar una petición administrativa consecuencia de la localización administrativa de un

trastorno: no se trata de internar a alguien que cometió verdaderamente un delito, sino de encerrar “por

su bien” un desgraciado que debe ser protegido contra la desgracia superior que tendría que sufrir si

se le dejase la libertad de cometer el crimen que se siente desear. Por otra parte, reclama él mismo sus

cadenas, porque su “instinto de muerte”, como lo diremos más tarde, está evidentemente puesto de

descubierto. Se ve aquí una petición familiar vuelta hacia el psiquiatra a causa del aspecto de la

psiquiatría que ella misma se vuelve hacia el poder judicial. Estas colocaciones voluntarias, a decir

verdad colocaciones queridas por la familia, son reveladoras de las dificultades de la psiquiatría extra-

asilar a cargo de una enfermedad perturbadora localizada en el seno de la familia. Ya no se trata para el

psiquiatra de establecer una relación en conexión con un delito localizado y ya examinado por el poder

judicial, sino de producir un análisis en beneficio de una institución familiar que se emociona con la

indocilidad o con la maldad de uno de sus miembros hasta considerarlo como un criminal en potencia.

La interfaz familia-psiquiatría no depende directamente de la interfaz justicia-psiquiatría que

consideramos, pero no podría ser pasada por alto, porque los malos sentimientos familiares o si se

prefiere las lagunas del sentimiento familiar van a construir un ámbito de localización muy privilegiado

por aquellos de quien la voluntad fracasa a adueñarse de sus instintos y que presentan síntomas de

inconformismo, es decir conductas con extravíos de los cuales algunos pueden ser considerados como

normales mientras que otros, inductores de desórdenes demasiado grandes, deben ser considerados

como anormales. Se pasa de los grandes monstruos cosmológicos y sociales a pequeños monstruos un

poco pálidos; de la psiquiatría de los ogros, nos dirigimos aquí hacia la de los Pulgarcitos y al mismo

tiempo hacia el examen del segundo antepasado del delincuente sexual, a saber el niño masturbador.

El niño masturbador

La psiquiatría va a invadir la familia, por la preocupación que la burguesía, llegada a clase

dominante, manifestó muy pronto por su herencia, por el temor de su degeneración y empezando por su

“sexualidad”. De muy marginal, la sexualidad familiar va a funcionar como un fundamento de la etiología

instintiva que vimos tomar sitio. El campo de las anomalías va a ser “sexualizado” casi integralmente u

organizado por un discurso centrado en la confesión de sexualidad cuyo centro indiscutible fue la

masturbación de los niños y de los adolescentes burgueses. El masturbador fue considerado como un

enfermo, no sólo porque esta práctica tenía por resultado de volverles diáfanos y de hacerles aparecer

en pleno día como completamente agotados, sino sobre todos porque se percibía esta enfermedad

como la enfermedad que inducía todas las otras enfermedades, de la meningitis a la ceguera, de la

tuberculosis a la sordera, y me quedo corto. La medicina explicó muchas enfermedades con el

autoerotismo masturbatorio y doblaba así sus diagnósticos deficientes de consideraciones morales del

tipo: “Si estás enfermo, es porque lo quisiste”. Así, la infancia es designada como el lugar de una

responsabilidad patológica a la cual no dejaron de estar asociados los adultos intermediarios, es decir la

servidumbre delegada al cuidado de los niños por la pereza culpable de los padres. En realidad, la lucha

furiosa emprendida en el siglo XVIII y durante todo el siglo XIX contra la masturbación contribuyó a la

organización de un espacio familiar más reducido, más exento de servidumbre y sobre todo de un

espacio donde los padres tenían que vigilar a sus hijos en una especie de “cuerpo a cuerpo” constante,

en el seno de una familia a punto de volverse celular. Este control interno de los padres sobre los hijos

estaba inevitablemente conectado al control discursivo externo de la medicina, discursivo e instrumental.

Se imagina malamente hoy el horror de los instrumentos antimasturbatorios que fueron concebidos

durante todo el siglo XIX y por el uso de los cuales la burguesía hizo sufrir a sus hijos persecuciones

físicas con una barbarie incalificable. Es en el contexto de estas campañas antimasturbatorias

organizadas por el Estado que la psiquiatría se consagró enteramente y dotó el espacio familiar de

infraestructura médica: se dijo a los padres “espíe la sexualidad de sus hijos, contrólela” y se les dijo

después: “Cuidado, esta sexualidad no concierne solamente a su porvenir y al de la descendencia de la

familia, también le concierne a usted mismo porque hay en todos los niños una predisposición

incestuosa, un deseo que se dirije a los padres, que les toma por objetos”.

El psicoanálisis, en particular, reveló pues a los padres que eran objetos de deseo al mismo

tiempo que hacía de ellos los sujetos de este saber. Para el incesto de origen infantil, había los

psicólogos, pero para el de origen parental, había los tribunales. En resumen, un verdadero engranaje

psiquiátrico-familiar se centró sobre una constante particularmente frecuente de la vida humana, la

masturbación, dicho de otro modo la inclinación o el instinto en la medida en que era esta vez sexual. Se

evalúa con esto, yo pienso, el extraordinario desarrollo de la psiquiatría que del gobierno y de la gestión

de los locos pasó a la consideración de todas las irregularidades familiares. Su saber se vuelve interno a

los mecanismos de un poder cada vez más polivalente y que, de la consideración de la masturbación, va

a extenderse a la totalidad de los trastornos sexuales, en resumen, a la totalidad de todo lo que

sobrepasa el acto sexual reproductor, el único que se considera aún como natural y normal. El instinto

sexual empieza, se ve, antes de la cópula y sigue sobrapasándola. Esto quiere decir que la desviación

sexual amenaza a todo el mundo y que cada hijo de vecino corre el riesgo de estar expuesto a ella por

su infancia y por su imaginación y sus fantasmas. Cada uno tiene en el fondo de sí un instinto anormal

vinculado a su infancia y a los poderes de su imaginario. El instinto sexual, tal como entró en la

psiquiatría por 1850, fue unido con los placeres no-reproductores, es decir con los placeres soportados

por un zócalo instintivo aberrante. En esta fase, los juegos sexuales entre adultos y niños son vividos

como anormales y las familias que llegan a observarlos dudan cada vez menos en hacer remontar sus

constataciones hacia los psiquiatras que, la mayoría de las veces, diagnostican en los adultos

concernidos una falta de inhibición del instinto sexual, una falta de sentido moral, un espacio demasiado

grande concedido a la parte animal del hombre, o sea un bloqueo del adulto a un nivel infantil de su

existencia. Este bloqueo siendo su enfermedad, es a la infancia que la psiquiatría consagró enteramente

la existencia adulta y se generalizó, por no decir que se universalizó, hasta no estudiar las patologías y

someter a todo el mundo a la distinción de neurosis o psicosis. De la medicina de alienación que dotaba

la locura de infraestructura médica, se pasó a un poder médico generalizado y ampliado a toda la

población, es decir a lo no-patológico, a los zócalos instintivos que hacen las anomalías posibles y que

van a estar localizadas en unos cuerpos que serán verdaderos cuerpos traseros. Se va a “inspeccionar”

hasta el cuerpo de los padres y de los antepasados a fin de comprender la herencia de los individuos.

Se mide hastá qué punto esta categoría médica era flexible: “se encuentra siempre en una familia un

antepasado alcohólico o un tío abuelo particularmente irascible” y de este modo, es fácil de trasladar la

responsabilidad de los padres más allá de los padres. Se nada entonces en la mitología terrorífica de la

degeneración que sitúa el degenerado en un árbol genealógico que hace perder todo sentido al

proyecto de curarle. La psiquiatría corre entonces el más grave de sus peligros políticos; llega a ser

una función de orden y de protección social, una gestión de las anomalías de la sociedad que reivindica

su capacidad científica a reemplazar a la justicia ella misma por desarrollo de lo que se podría llamar

“un racismo de la anormalidad”. No es necesario que nos extendamos aquí sobre las funciones de la

psiquiatría nazi y de la psiquiatría soviética consideradas por esos regímenes como medios de defensa

interna contra amenazas de degeneración, como técnicas eugenésicas, instrumentos de una caza a los

degenerados y a todos aquellos que resultaban portadores de una peligrosidad social intrínseca.

El incorregible

Esta figura, menos importante que el monstruo o que el masturbador, aparece menos en el seno

de las familias que en las instituciones conexas, las escuelas o los talleres, que ponen acción lo que

Michel Foucault llamó las técnicas disciplinarias, es decir las técnicas de amaestramiento que tienden a

transformar los cuerpos individualizándolos de una manera que los vuelven productivos en el

funcionamiento de un conjunto, de un conjunto más amplio. Esta tecnología de individualización política

de los cuerpos tendía a hacer que la totalidad del Estado fuera más fuerte y con mayor rendimiento: no

se trataba de forjar entidades autónomas y egoístas, sino unidades útiles en un conjunto, en un

regimiento o en una fábrica. El encerramiento que tenían que experimentar los refractarios o los

incapaces era considerado como una técnica de recuperación, de mejora. Aquellos sobre los cuales

estos métodos carcelarios se revelaron de mediocre eficacia fueron a menudo soltados en la naturaleza,

a decir verdad en el vagabundeo y en el vagabundeo urbano, constituyendo una población glauca,

incontrolable, marginada que será uno de los mantillos donde vendrán florecer lo que llamamos hoy los

marginales y los delincuentes.

El monstruo (excepción inclasificable, impensable), el pequeño masturbador (que se cree el único

que hace lo que todo el mundo hace en la ignorancia que los demás lo hacen) y el indócil empedernido

(el insociable incurable) constituyen tres figuras que confundiéndose y acercándose van a dar mucha

guerra a las instancias de justicia y de medicalización, pero sin que se pueda reducirles claramente a

personas fuera de la ley o a enfermos; quizás tienen algo de los dos , pero hablando con rigor no son ni

uno, ni otro y estamos en nuestro derecho de preguntarnos si la tecnología política que los toma por los

blancos de su ejercicio está por hallar en la interfaz interdisciplinaria de lo médico y de lo judicial

propuesto a nuestra reflexión. La justicia y la salud mental son influenciadas y como desestabilizadas por

unas normas, las cuales no son ni leyes, ni categorías científicas. La norma, en efecto, es un concepto

político en esto que es al mismo tiempo una descripción y una prescripción, un saber y un orden.

LA BIOPOLÍTICA Y LA POLICÍA

A lo largo de todas las reflexiones que acabamos de proponer, parece que un poder que no es

ni legal, ni médico desempeñó secretamente o en cualquier caso discretamente un papel de una

eficacia poco puesta en evidencia = un poder normalizador del cual querríamos apuntar la hipótesis que

ejerce una influencia considerable en la interfaz de la cual hablamos y en la cual lo judicial y lo médico

unas veces se miran con recelos, otras veces entran en una disputa un poco confusa provocada por

algo que les supera y donde nadie consigue verdaderamente encontrar los suyos. El poder normalizador

es un poder que modifica y que controla la vida. En efecto, desde el siglo XVIII, en Occidente y más

precisamente en Europa, la vida humana dejó por completo de ser una base inaccesible a las acciones

y a los pensamientos de los hombres. Se convirtió muy claramente y muy evidentemente en una materia

conocible, transformable y controlable, dicho de otro modo en una materia sobre la cual, pero sobre todo

en la cual el poder interviene. Los humanos ya no son pues súbditos con derecho que se pueden

castigar por privación de libertad o de vida, son cuerpos en los cuales se puede penetrar y que se

pueden transformar. Es esta tecnología de gestión, de sobreestimación y de transformación de la vida

que Michel Foucault calificó de biopolítica y que, según la hipótesis que queremos apuntar y proponer a

su conocimiento, hizo tomar a las normas una importancia creciente que se realizó a expensas de las

leyes propiamente dichas, es decir a expensas de lo que llamamos una democracia de legitimidad legal.

Por supuesto, esto no significa que las leyes desaparecen, sino que tienden a convertirse en normas

entre otras, entre las de la medicina, acabamos de hacer hincapié en ello, pero también entre las de las

administraciones donde innumerables pequeños Ubus abusan de escasos poderes de los cuales

disponen fingiendo cumplir escrupulosamente con sus deberes. La vida se convirtió como tal en el

blanco de un poder normalizador y es de una manera casi desesperada y convulsiva que ella trata de

resistir a ello multiplicándo llamamientos al derecho: derecho al cuerpo, a la salud, a la satisfacción de

las necesidades, a la felicidad, al no-trabajo, a la seguridad, etc. Es tal vez sobre el fondo de las dos

principales tecnologías políticas del Occidente, la del amaestramiento disciplinario de los cuerpos

individualizados y la de la regulación estadística de las poblaciones que se puede entender con más

agudeza la importancia tan nueva de una política del sexo, porque da acceso a la vida del cuerpo en la

medida en que es el de un individuo y a la vida del cuerpo en la medida en que es un elemento de la vida

múltiple de la especie. Si el sexo es como perseguido en todas partes, descifrado en nuestros sueños,

desalojado en nuestros mínimas locuras, situado a todos los estadios de nuestras infancias, quizás

después de todo es que él vela por una toma ideal para la combinación y para la coordinación de las

técnicas disciplinarias y de los procedimientos de regulación más masivos. Es sin duda alguna la honra

del psicoanálisis que de haber roto desde el principio con las neuropsiquiatrías de la degeneración que

iban a abastecer o sostener los ensueños racistas de los nazis en cuanto a la pureza de no se sabe qué

raza, pero lo hizo situando La Ley, es decir la soberanía del Padre al principio de la sexualidad. Los

cuerpos en lo que tienen de vivos fueron investidos con un dispositivo constituido por algunos

procedimientos primordiales: a) la histerisación del cuerpo de la mujer cuyo sexo consagrado a la

maternidad fue concebido a partir de lo que le faltaba como falo y además completamente definido a

partir de este “postulado” como un área de carencia y de insatisfacción agitada. b) El onanismo infantil

que concibe la sexualidad de la infancia en un juego de presencia-ausencia: presencia anatómica de un

sexo privado de capacidad reproductiva y por esta razón fuente de todos los placeres indebidos,

peligrosos y contranaturales. c) El fetichismo del adulto que, por su fijación sobre un objeto derivado,

consigue un placer defraudado, sutilmente sustraído a la función reproductora así como ya sucede en la

práctica inmemorial de los coitos interrumpidos. d) En fin, socialización de las conductas procreadoras

por el juego de los incitantes o de los frenos económicos causados a la fecundidad de las parejas y a su

sentido de la responsabilidad social.

En resumen, la pareja maltusiana, los placeres dichos perversos, las mujeres nerviosas y los niños

empeñados a querer sacar placer de sus cuerpos, con o sin la ayuda de un prójimo, van a constituir las

vías de acceso privilegiadas de un poder normalizador al lugar de los cuerpos, pero de un poder cuyos

objetivos, si parecen a veces superponerse al dispositivo de combinación regido por las leyes, ya se

organiza de muy distinto modo y según otras finalidades. Las líneas duras, las instituciones cerradas del

mundo dominado por lo disciplinario: familia, escuela, cuartel, fábrica, hospital, hospicio y si nada va,

cárcel, entraron todas en crisis, desbordadas del interior y del exterior de ellas mismas por líneas mucho

más flexibles cuyos efectos institucionales son fáciles de localizar: familias agobiadas, parejas

reconstituidas después de uno, dos o varios divorcios, familias monoparentales, etc; educación

permanente y diversos reciclajes, docentes desorientados, desvalorizados, llevados, a merced de

reformas elaboradas por unos funcionarios, a tener que enseñar a menudo disciplinas que ellos

ignoran, que tienen que aprender trabajando, por amor y respeto a una población escolar desmotivada,

arisca y a veces rebelde a toda forma de autoridad; ejércitos profesionales que se mantienen porque

estamos convencidos de que en adelante las guerras serán limpias, sin muertos, como en una pequeña

operación de policía dirigida contra algunos estudiantes contestatarios; empresas cuyo centro de poder

ya no es el equilibrio entre la producción de los productos y sus costes de fabricación, sueldos

incluidos, pero cuyo corazón se encuentra en el marketing y su aptitud a controlar los mercados y a

enfocar de manera diferencial los grupos de consumidores; enfermos sin médicos, enfermos

depresivos, sidosos y otros a los cuales les falta o el dinero, o los remedios, o los dos; exigencias

administrativas que conducen al cierre lógico de muchos asilos de ancianos al mismo tiempo que

proliferación de lugares abyectos y clandestinos donde se acoge a moribundos; cárceles que funcionan

como fábricas de producción o en cualquier caso de profesionalización de la delincuencia, lo que

alimenta la inseguridad más aún y mucho más rápido que políticos relativos a la seguridad pública no

pueden combatirla, y que de manera recurrente y sistemática, se equivocan de adversarios...

Las líneas duras del encerramiento disciplinario pudieron conectarse un momento con las líneas

flexibles del control relativo a la seguridad pública, pero éstas más normalizadoras que legales, más

informales que institucionales, más guerreras que militares, más indulgentes que autoritarias, más

dinámicas que formalizadas, más desterritorializantes y universalizantes que nacionales o

internacionales llegaron a un punto de desencadenamiento que provocan y ocasionan los peligros que

ellas pretenden incitarnos a combatir.

Este nuevo poder, más normalizador que legal, penetró en nuestras vidas ellas mismas y afecta

desde el interior tanto al aparato judicial como al aparato médico. Es él quien actúa en la interfaz de las

instituciones penales y de las instituciones médicas y este poder lleva un nombre antiguo y conlleva una

teoría de sí ella también muy antigua, pero a mi entender infinitamente descuidada. Se puede encontrar

la versión más avanzada y en cualquier caso más luminosa en un libro de Gottlob von Justi publicado

desde 1705 bajo el título “Elementos generales de policía”. Este libro que fue estudiado a Göttingen por

los altos cargos de Joseph II, de la Gran Catalina y que era conocido y apreciado por numerosos

consejeros de los más escuchados por Napoleón, expone con claridad la tarea más positiva de la

policía, la cual no está en la represión, sino en el aumento del poder del Estado a través de una mejora

continua de la vida de las personas que lo componen. El objetivo de la policía es de hacer que el

refuerzo de las fuerzas individuales sea directamente el refuerzo del poder del Estado y el objeto o la

materia de esta tecnología policial, es ante todo lo vivo, es todavía más que los bienes inmuebles o las

mercancías producidas y circulantes, la población como tal. Por esta razón, por estos dos aspectos

tradicionales “represión” y “prevención”, la policía se ocupa de todo, está explícitamente a cargo de lo

indispensable, de lo útil y de lo superfluo, estando admitido que lo indispensable para el Estado puede

ser superfluo para el individuo e inversamente. La policía es el cuerpo de funcionarios cuya actuación

es la más constante sobre el comportamiento de los individuos; es el cuerpo por el cual el Estado

interviene más profundamente en la vida social, si es preciso por la fuerza, sino mucho más a menudo

por medidas y decisiones administrativas. La policía descansa en el hombre vivo, en las relaciones

interhumanas y también en las relaciones del hombre con su entorno. En el primer sentido del término,

es la policía quien está a cargo del ejercicio del poder biopolítico en el corazón de nuestras sociedades

que, a velocidad creciente, pasan del encerramiento disciplinario al control relativo a la seguridad

pública. Podría ser que más allá de las grandes instancias tradicionales, el legislativo, el ejecutivo y el

judicial, lo administrativo-policial y sus múltiples anexos de seguridad y de examen sea el poder más

ascendente, más trascendente, queremos decir el más requerido por una población que cree que la

sociedad está en peligro, lo que siempre fue el mejor medio de decir que la sociedad es peligrosa y que

hay que multiplicar en contra de ella mecanismos de vigilancia que, siempre bajo la capa de defender la

libertad, sólo se empeña en liquidarla. El poder es una fuerza que se ejercita sobre otra fuerza y cuya

toma pasa por nuestros cerebros, por lo audiovisual pues, es decir por una fuerza técnica-televisiva que

no domina, en nuestros países, ninguna instancia política. La Europa que se construye, y es una buena

cosa, lo hace privilegiando la moneda y sus espacios policiales, dicho de otro modo privilegiando, es lo

ineluctable, sus instancias de poder más sólidas y con mejores rendimientos.

Esperamos que vais a estar en condiciones de despejar pistas para una justicia, por lo menos en

Bélgica, que dejaría al fin de querer castigar y proteger mientras se agrava siempre la inseguridad, a fin

de consagrarse con prioridad a socorrer las víctimas que, en este país, siempre son víctimas dos veces,

una primera por lo que han sufrido de parte de los delincuentes, y una segunda vez por lo que les hace

sufrir en espera, en humillación, en desconfianza, en pérdida de tiempo y en diligencias abusivas una

institución administrativa-policial exclusivamente preocupada por su propia reproducción y por su

propia comodidad.






©   Doctor PATRICK DESCHUYTENEER
2003

DÉPOT LÉGAL : D/2002/7584/02 . Biblioteca Albert 1er, 1000 Brusselas, Belgica.